El pasado 19 de octubre, tuvimos el enorme gusto de saber que, de nueva cuenta, el gobierno de Felipe Calderón refrenda su compromiso con los derechos humanos y constatamos su enorme interés por acabar con la discriminación. Felices, los invitados a los Pinos para conmemorar los 200 años de la abolición de la esclavitud se pronunciaron en contra de la discriminación y sellaron con aplausos la valiente afirmación de que “no obstante que hemos avanzado en la lucha contra la discriminación, es claro que aún queda un largo camino por recorrer en nuestro país, es por ello que nuestra estrategia para prevenir y eliminar la discriminación debe actualizarse constantemente, como ahora lo hacemos" (palabras pronunciadas por Felipe Calderón al presentar su decreto para el día contra la discriminación).
Al parecer, el Presidente pretender terminar con la exclusión y el trato diferente a punta de decretos, discursos y días festivos. Este Gobierno, maestro del doble discurso en materia de derechos humanos, tapa el sol con un dedo y nos regala un decreto más, en esta ocasión para acabar con la discriminación. Todo ello cuando apenas en enero de este mismo año, el Procurador General de la República demandaba la inconstitucionalidad de las reformas al Código Civil que reconocen el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo y protegen a las familias diversas. Por un lado, este Gobierno nos dice que “la discriminación tiene su origen en prejuicios o estigmas que se manifiestan en acciones u omisiones, con intención o sin ella, sin causa razonablemente justificable, que niegan, restringen, excluyen o impiden alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, minorías, grupos colectivos u otros análogos” (extracto del decreto) y, por otro lado, asegura ante la Suprema Corte que las familias no tradicionales no son familias protegidas por la Constitución, y los niños que no viven con su papá y su mamá son niños diferentes. Todos los Secretarios de Gobernación que han desfilado por esta administración, han mostrado una parálisis (¿será éxtasis?) ante la avanzada de la Iglesia católica en contra de reformas a favor de los derechos humanos, especialmente las realizadas en el Distrito Federal. El Director General del IMSS, Daniel Karam, nombrado por el presidente Calderón, mediante una interpretación absurda de la ley, ha negado que los matrimonios entre personas del mismo sexo y sus familias tengan los mismos derechos en materia de seguridad social que los integrados por parejas heterosexuales. Sin embargo, el Gobierno de los decretos y las “buenas intenciones” nos dice que “constituye una política fundamental de la presente administración promover la igualdad y la no discriminación como una condición indispensable para alcanzar la justicia social” (extracto del decreto). Pero si apenas en diciembre de 2009 el mismo Presidente apoyó la oposición a las reformas del D.F. atreviéndose a asegurar que la Constitución mexicana solamente reconoce el matrimonio heterosexual --se desconoce qué Constitución leyó--. El partido político del presidente Calderón ha apoyado las diatribas e insultos del gobernador de Jalisco, la avalancha de controversias constitucionales en contra de las reformas al Código Civil del D.F., así como la oleada de contrareformas en materia de interrupción del embarazo y la amenaza de hacer lo propio en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo. Sinceramente, es difícil entender este doble discurso, a menos que se tenga una mentalidad esquizofrénica.
Sí, los días conmemorativos tienen como objetivo crear conciencia y poner el tema sobre la mesa. Sin embargo, no sirven de nada si al mismo tiempo se dan acciones que los contradicen, como las que ya mencioné, o si definitivamente se pretende que constituyan el remedio en sí, es decir, si no se acompañan de una política pública bien diseñada y eficaz. Ninguno de los dos decretos establece obligaciones, son simplemente actos simbólicos, una graciosa concesión retórica del Ejecutivo a los “porros” de los derechos humanos.
Lo curioso es que, por un lado, el 17 de mayo decreta el (día internacional contra la homofobia) día de la tolerancia y respeto a las preferencias y, por el otro, el 19 de octubre el día nacional contra la discriminación. Ambos decretos son casi un copy & paste, pues resultan casi idénticos en su contenido. La diferencia entre uno y otro es que el publicado el 17 de mayo informa que “en la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, celebrada el 10 de diciembre de 2009, se emitió el Acuerdo para conmemorar el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, por ello ante la necesidad de implementar medidas para fomentar la tolerancia y el respeto a las preferencias, y evitar la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones”, es decir, el Gobierno de Felipe Calderón acepta mediante su segundo decreto del 19 de octubre que en el 17 de mayo no le dio la gana de que fuera el día contra la homofobia, problema singular de discriminación, pues de otra forma no tiene sentido tener dos días contra la discriminación.
La realidad es que de acuerdo con los pocos datos existentes, México es el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia en América Latina y ésta definitivamente no se acabará con días conmemorativos, sino con acciones concretas: por medio del diagnóstico y del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Pero desde el Gobierno Federal no se ha percibido ningún intento, serio, para acabar con la discriminación de la comunidad LGBTI, al contrario. El 17 de mayo era un día importante pues no es un día de la tolerancia, no es un día de la no discriminación, es un día en que se conmemoran los logros y las luchas, todavía insuficientes con respecto a los obstáculos a que la comunidad LGTBI enfrenta para lograr ser reconocidos como iguales y respetados con la misma dignidad. Hace tan sólo 20 años, las lesbianas, los gays y las y los bisexuales eran oficialmente considerados enfermos mentales. Hoy todavía sufren discriminación y rechazo. Ese rechazo puede ser pasivo o activo. A veces la homofobia se traduce en acoso y agresión en el sitio de trabajo, en la escuela, en la universidad, en las oficinas públicas y en el acceso a servicios tanto privados como públicos. Ejemplos sobran, pero me viene a la mente el caso de un adolescente en el estado de Chiapas que fue expulsado de la escuela por “abrazar a sus compañeros y ser raro, y por tener hormonas distintas a un hombre”. ¿Cuántas veces ha sucedido esto en otras escuelas mexicanas? No hay datos.
El 20 de octubre usamos por primera vez una prenda o un moño de color morado en memoria de los adolescentes que han sufrido acoso o “bullying” por homofobia y han optado por quitarse la vida, ante la imposibilidad de manejar y soportar por más tiempo la situación. Instituciones gubernamentales y ONG’s en los Estados Unidos y varios países de Europa tienen datos sobre este fenómeno, indispensables para poder prevenirlo. En México no hay nada.
La homofobia debe combatirse a través de medidas efectivas y preventivas, y no sólo por la vía de la reacción y la sanción. Las sanciones deben ser el último recurso, pero al parecer es lo único que se nos ocurre en México para prevenir y eliminar actos u omisiones que lastiman bienes jurídicos. Leo con preocupación en medios y redes sociales que hay quien busca penas altísimas para los llamados crímenes de odio, o quien llama a “darle dientes” (sí, como los de los tiburones) al Conapred. La realidad es que una política racional contra la homofobia debe comenzar por diseñar medidas de prevención. Esto es a través de la concientización, de la visibilidad jurídica, la inclusión en el diseño de políticas públicas de los problemas de género y orientación sexual y, sobre todo, a través del diagnóstico, la investigación y medición del fenómeno de la homofobia, la construcción de indicadores que nos muestren cómo, cuándo, dónde y por qué se manifiesta. Esta es la única vía para diseñar política pública eficaz, es decir, que funcione, y que funcione en el largo plazo. Y éste debe ser el trabajo del Conapred, institución que últimamente se ha enfundado el traje de policía de lo políticamente correcto, concentrando todos sus súper poderes en combatir “la ofensa” de palabra, obra y, casi casi, de pensamiento. Al concentrarse en perseguir la libertad de expresión, el Conapred olvida que la ley que lo crea prohíbe, en su artículo 9, precisamente la censura: fracción XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que estas no atenten contra el orden público.
El Conapred pretende acabar con la discriminación por la vía del extrañamiento y la invitación a cursos de sensibilización, pues dice “hay que evitar y contener las expresiones discriminatorias”. Esto lo hace con base en su muy subjetiva apreciación de lo que constituye una ofensa.
El Conapred aplaudió a ambos decretos presidenciales e incluso, participó de manera preponderante en el segundo. Así pues, lo anunció con gran entusiasmo en su perfil de Facebook “Este 19 de octubre será un día muy imporante (sic) para el combate contra la discriminación... estén pendientes.” Mientras que su celebración del decreto del 17 de mayo, que omitía la palabra homofobia, como un ‘avance en materia de derechos de la comunidad LGBTI’ fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y de la diversidad sexual. ¿Pues de qué lado está?
La realidad es que el Consejo olvida qué significa la “Pre” de su acrónimo, esto es: “Prevenir”... y se dedica a lamentar. A lamentar las ofensas a través de cartas y comunicados y, a lamentar sobre todo, que no tienen capacidad de sancionar. Nada más peligroso que eso. El actual Presidente del Conapred, Ricardo Bucio, juega con fuego al decir que “para que estos actos [expresiones racistas e intolerantes] no queden impunes la ley debe permitir que se apliquen sanciones a quien discrimina, ya que hoy podemos tener medidas administrativas pero no podemos sancionar.” Y ¿qué expresiones son las que sancionaría el Conapred? ‘La verdad es que las parejas homosexuales me siguen dando asquito’ como dijo el Gobernador de Jalisco, Emilio González o ‘!Ese Calderón, también es maricón!’ consigna utilizada en la XXX Marcha del Orgullo Gay en el D.F. ¿Qué tipo de sanción preferiría? ¿Privación de la libertad o una muy cara multa? Pienso que para evitar la discriminación es indispensable proteger la libertad de expresión. Esto es así, porque suprimir ideas y discursos no suprime la homofobia, al contrario, la esconde y para poder prevenirla y combatirla, es necesario visibilizarla, entenderla y discutirla. En la medida en que todos los discursos son válidos, todos contribuyen a buscar una convivencia democrática, pacífica, respetuosa de la diversidad y de las libertades. El cambio cultural que se requiere para eliminar la discriminación debe darse sobre la base del diálogo, el respeto, la libertad y el entendimiento, todos los interlocutores parten de la convicción de que su punto de vista es el correcto o el verdadero y a base de sanciones no es como se logrará una convivencia igualitaria. Sólo a través del diálogo y la interacción comunicativa es que puede estructurarse una sociedad plural y democrática en donde todas las formas de vida tienen cabida y donde todos los actores son respetados como iguales.
El objeto del Consejo, según la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, es contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Para ello se le conceden una serie de atribuciones que no se limitan, como pareciera, exclusivamente a examinar las expresiones posiblemente discriminatorias de personas públicas, sino a contribuir de forma activa en una cultura de la igualdad, de la diversidad, del respeto a lo diferente y de la tolerancia. Para ello, el Conapred cuenta con un aparato burocrático integrado por tres direcciones generales, aunque sólo nos enteramos del trabajo de una, exacto, la de quejas. Estas son: la dirección general adjunta de estudios, legislación y políticas públicas; la dirección general adjunta de vinculacion, programas educativos y divulgacion; y la dirección general adjunta de quejas y reclamaciones. Con sus poco más de 100 millones de pesos de presupuesto, el Conapred bien podría invertirlo en acciones estructurales que incidan verdaderamente en la inclusión de personas discriminadas. Menos actos huecos y cortoplacistas y más análisis de la legislación vigente y las iniciativas que se discuten en las legislaturas, así como las normas emitidas por el Ejecutivo y la administración pública tanto federal como local; más programas de concientización desde trípticos y carteles, hasta anuncios de televisión y radio; publicaciones, foros y talleres sobre no discriminación para la población en general, pero en especial, para las escuelas y secundarias donde la discriminación incide en el desarrollo de los niños y adolescentes. Visitas a las escuelas, talleres con padres y maestros, modelamiento de comportamientos, presentación de referentes. Se echó de menos el papel del Conapred durante los casi 9 meses que duró la batalla por la igualdad en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Conflicto de intereses entre dos funcionarios nombrados por el Ejecutivo? Así mismo resulta imperdonable que la legislación del IMSS contenga aún hoy lenguaje sexista que no sólo discrimina a los matrimonios entre personas del mismo sexo, sino que hace distinciones de género entre mujeres y hombres que resultan discriminadoras por sexismo.
Más allá de invertir en cursos de (evangelización) sensibilización para personalidades públicas, que temo que corren el riesgo de convertirse en trofeos de la libertad de expresión, el Conapred debería apostar por la educación en escuelas y universidades en materia de derechos humanos y no discriminación, por difundir los beneficios que se alcanzan en una sociedad diversa y la riqueza social de la diversidad. Si realmente se apuesta al largo plazo, la labor debe concentrarse en educar a los niños y adolescentes a convivir y respetar la diversidad de modo que las generaciones futuras logren desterrar los prejuicios de sus predecesores.
Para ayudar a prevenir y eliminar la discriminación y en concreto, la homofobia, hace falta un verdadero interés político e institucional y acciones a largo plazo y no actos simbólicos y propagandísticos, como los decretos y otras frivolidades. Sin embargo, se privilegian la foto, el comunicado de prensa y ¡las macetas!
Agradezco el apoyo de Alejandro Juárez para la elaboración de esta nota. Lo aquí escrito es responsabilidad mía.
Consultora jurídica Ombudsgay-i(dh)eas. Constitucionalista y ensayista. Autora del blog: Gera´s Place. Se ha dedicado principalmente a los temas relacionados con los derechos fundamentales y la teoría de la constitución. Ha sido profesora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Universidad Anáhuac del Sur, Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace. geraldinagvh@googlemail.com
