Nos fuimos a dormir con la boca abierta, con la sorpresa de que el Gobierno Federal Mexicano, a través de su embajador de México en Japón, Claude Heller, firmó en ese país el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), todo esto a pesar de que antes había sido rechazado por el Senado mexicano por considerarlo inconstitucional.

Para que el acuerdo entre en vigor en México, primero debe ser ratificado por el pleno del Senado, lo que significa que será sometido a votación en la siguiente legislatura, que comienza en septiembre, con los senadores recién elegidos el 1 de julio.

Y el ACTA seguramente será ratificada, por que la nueva “Telebancada” operará para que esto así suceda. Encabezada por quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes con Carlos Salinas de Gortari, Emilio Gamboa Patrón, la “Telebancada” en el Senado estará integrada por nueve legisladores que llegaron por la vía plurinominal, en su mayoría, a través de las candidaturas del PRI, Partido Verde y, uno por el Movimiento Ciudadano, de la coalición de izquierda.

Dice el semanario Proceso, que Gamboa Patrón, es operador e intermediario de los intereses de los grandes consorcios mediáticos del país –encabezados por Grupo Televisa, TV Azteca, los diez grupos radiofónicos más grandes y empresas de telecomunicaciones— y que se perfila como coordinador de la bancada del PRI en el Senado.

Por el PRI estarán, además del líder de la CNOP, la abogada Arely Gómez, hermana del vicepresidente de Noticias de Grupo Televisa, Leopoldo Gómez, y que fue apoyada por este consorcio en su intento de llegar a ser consejera del Instituto Federal Electoral; Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, accionista de TV Azteca, y ex diputada federal; Juan Gerardo Flores, ex presidente de la Comisión de RTC en la Cámara de Diputados, y quien trabajó en el área de análisis de regulación de Grupo Televisa, además de el ex director de Proyecto 40, Luis Armando Melgar, presidente de la Fundación en Chiapas y uno de los cuadros más importantes de la generación de funcionarios de TV Azteca que estará en el Congreso, y por ultimo, Carlos Puente Salas, ex diputado y ex directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

Por Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, estará Alejandro Puente, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, organismo claramente alineado a los intereses de Grupo Televisa, el mismo personaje que publicó un desplegado durante las elecciones, para acusar a la periodista Carmen Aristegui de ser una “empleada de Carlos Slim”. El desplegado, publicado en los principales diarios del país, cuestionaba la imparcialidad de la entrevista que Aristegui sostuvo con el candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, antes de que el ex candidato presidencial del PRI se fuera a meter a la “boca del lobo” de la Ibero, lugar donde nacería posteriormente el movimiento #YoSoy132.

El tema es que estos legisladores vengarán a sus patrones, los dueños de las televisoras, el duopolio manejado por Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, por el mal trago que les hicieron pasar los tuiteros, los blogueros, los video blogueros, los podcasteros, y todos los usuarios del internet que los exhibieron tratando de imponer a su candidato Peña Nieto, y con él, perpetuar sus negocios que florecen bajo el amparo del poder político.

¿Qué como los vengarán? a través del ACTA, porque el texto del Tratado faculta a los proveedores (empresas) de internet, a monitorear las actividades de los usuarios a fin de detectar conductas violatorias de Derechos de Autor. Es decir, cualquier cosa que no les parezca, que uno diga o haga, la podrán borrar, bajar, o desaparecer de la red.

Podrán quitar blogs enteros, censurarlos y desaparecerlos. Podrán eliminar cuentas de Facebook, Twitter o YouTube, tan sólo por que les son incómodas a sus intereses políticos o empresariales. ACTA, amenaza las comunicaciones privadas de todos los usuarios de internet al facultar a un particular para que ejecute actos de vigilancia de conductas cibernéticas que conlleven violaciones a los Derechos de Autor.

Aquí mismo, en Gurú Político, hace un par de años, el investigador y jurista Rafael Robles Scott escribió que el ACTA conlleva una terrible posibilidad, bajo la forma de “monitoreo”. “Porque al facultar a un particular (proveedor de servicios digitales) a vigilar las cuentas de cada uno de sus usuarios para detectar quienes se aprovechan de material protegido por copyright las legislaciones internas empoderan de una manera aterradora a una empresa. El texto del tratado pregona, ciertamente, la protección de la privacidad del usuario como principio rector de este acuerdo internacional. Pero poner información tan privada en manos de un agente económico, es como darle una bomba molotov y un encendedor a un piromaníaco”, dijo en su texto.

“Internet nació libre. Libre de censura, libre de costos. Y nuestro deseo es que así continúe. Me aterra pensar cómo las grandes compañías proveedoras de internet (Telmex, Axtel, Yoo, por ejemplo), recibirían la atribución por parte de una norma jurídica que está justo debajo de la Constitución, para escudriñar en cada una de las actividades virtuales de gente como usted y como yo. Porque para detectar el uso y distribución de material protegido, deben revisarse todas las actividades que realicemos en nuestro ordenador, incluido, por supuesto, lo más íntimo que puede ser, un correo electrónico personal, que tenga datos adjuntos, y que presumiblemente sean archivos con Derechos de autor”, aseguró el jurista Robles Scott.

Pero también nos dejó una luz de esperanza: que la principal inconstitucionalidad de ACTA es su contradicción con la Carta Magna mexicana, que en su artículo 16 señala: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”.

En este sentido, los Derechos Fundamentales -como la libertad de expresión, la privacidad, el debido proceso- nos pertenecen a todos por el simple hecho de ser humanos y nadie puede disponer de ellos; mucho menos en una norma inferior a la Constitucional -un Tratado Internacional-.

Nuestro deber, es llamar la atención del resto de nuestros futuros Senadores de la República, de aquellos que no pertenecen a la “Telebancada”, ni al PRI, ni al PVEM, ni al PANAL, es decir, llamar la atención de los del PT, de los del PRD, de los del Movimiento Ciudadano -exceptuando a Puente- y de los del PAN, por supuesto.

Que entiendan que la sociedad entera los repudiaría por querer retroceder varios siglos al tratar de imponer una especie de Tribunal de la Santa Inquisición contra los usuarios del internet libre –hasta ahora-. Que no les pase lo que al Senador panista Federico Döring, que presentó en el Senado de la República una iniciativa que buscaba regular los contenidos en internet, intentando prohibir la puesta en disposición de obras registradas por terceros, haciendo recaer la culpa en el titular de la dirección IP con la cual se difundió la obra protegida. Sobra decir que el Senador fue quemado en “leña verde” por la opinión pública de las redes sociales, y es muy probable que se haya terminado su carrera política. ¡Mucho ojo Senadores!